Con la versión más suave, o la menos dura si se prefiere, fueron ampliadas por ley las facultades de la Policía de la Provincia de Santa Fe para controlar la trazabilidad y el origen legal de los teléfonos celulares y de otros equipos similares.
Los uniformados podrán exigir a cualquier ciudadano, por ejemplo en operativos en las calles o ante alguna sospecha, que exhiban el IMEI de su portátil sin tener que brindar un motivo, mediar una orden judicial o cursarse una investigación previa. Y el poseedor del móvil deberá entonces permitir ese acceso y mostrar ese International Mobile Equipment Identity, o Identificador Internacional de Equipo Móvil.
Se trata de un código único de 15 dígitos pregrabado al que se llega sin tantas dificultades: basta con marcar el código *#06# como si se tratara de una llamada telefónica común, en la función de teléfono del móvil. Además, en las cajas con que se venden los teléfonos suelen estar impresos.
La Cámara de Senadores sancionó la norma con los cambios hechos en Diputados y así esta vez logró la unanimidad en general y en particular. En septiembre, cuando se aprobó por primera vez el mensaje del Ejecutivo, sobre los celulares el peronismo en el Senado se había opuesto. Los liderados por el senador Rubén Pirola votaron favorablemente el tratamiento sobre tablas en aquella oportunidad, pero luego rechazaron el texto al que poco habían podido aportar debido al apuro del oficialismo.
Antecedentes
Con la decisión tomada hoy por los senadores, quedan firmes los cambios hechos en Diputados, que buscaron mecanismos para morigerar esta nueva facultad en manos de la policía, ante el temor a que se produzcan abusos o se generen otros negocios ilegales, según las voces críticas que hubo frente a la norma.
En la Cámara baja, la media sanción con modificaciones contó solo con los votos de Unidos para Cambiar Santa Fe y de los bloques celestes.
Entre los puntos que añadieron los diputados se establece que las fuerzas del orden no podrán acceder a la apertura del teléfono si su poseedor se opone. Pero sí decomisarlo con la debida tramitación. Probablemente esa materia sea la más interesante para resolver en la Casa Gris en su decreto reglamentario.
Verificación
La sola exhibición del IMEI, una código de identificación del teléfono o la tablet, de poco sirve si no se cuenta con qué leer sus códigos de barras y números. También con otro soporte tecnológico preparado a tal fin la policía podrá verificar que el aparato no fue robado. Lógicamente será necesario además mostrar el propio DNI personal.
Si en la base oficial (imei.enacom.gob.ar) se encuentra alguna irregularidad, “el personal policial procederá a efectuar requisa personal y secuestro del dispositivo, con inmediata comunicación al Ministerio Público de la Acusasión».
Geolocalización y flagrancia
La norma votada permite una acción inmediata al incorporar la geolocalización (el rastreo por GPS del celular robadodo) como un supuesto de delito en flagrancia. Es decir cuando se produce a la vista de un agente del orden.
Así, si la víctima de un arrebato de su celular lo ubica mediante una aplicación, la policía podrá actuar y acudir al lugar (incluyendo domicilios) de forma directa para recuperarlo, evitando demoras que hagan desaparecer el equipo, al punto de no requerir una orden judicial anterior.
La normativa también busca regular y controlar comercios de venta y reparación de usados, penalizando la tenencia de equipos con IMEI adulterado
La norma que crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, procura mecanismos de control y registro del comercio de teléfonos celulares. También sobre su posesión mueble, y allí radica la novedad, para desalentar el robo y su compra-venta ilegales.
