“Re-pensar la escuela: inclusión y discapacidad”, es el título de un informe presentado por la Defensoría del Pueblo que se propone dar a conocer el estado de situación de los procesos de inclusión educativa que alumnos con discapacidad y trastornos del desarrollo están llevando adelante en las escuelas santafesinas.
El documento -que fue entregado a la subsecretaria de Inclusión del Ministerio de Educación, Betina Florito– surge como resultado de un taller que llevó el mismo nombre y que se realizó durante el 2023 en el organismo provincial. De la propuesta, coordinada por las especialistas Marta Giuggia de Stratta y María Elena Festa, participaron activamente directivos, docentes, psicólogos, psicopedagogos, terapistas, fonoaudiólogos, acompañantes terapéuticos y familias involucradas en la problemática.
El titular de la Defensoría, Jorge Henn, explicó que durante el taller se trabajó “en la identificación temprana de posibles obstáculos en el proceso de aprendizaje y participación de los estudiantes con discapacidad”. A lo que agregó: “Esto posibilita la implementación de ajustes y apoyos necesarios antes de que se conviertan en desafíos insuperables. Por ejemplo, si se identifica la necesidad de recursos específicos, adaptaciones curriculares o capacitación adicional para el personal educativo, se pueden tomar medidas preventivas para garantizar un entorno educativo inclusivo”.
Las conclusiones que se reflejan en el informe surgen de una encuesta que se realizó a los participantes y de los trabajos y discusiones que se llevaron adelante durante la propuesta.
Aspectos positivos y cuentas pendientes
El informe “Re-pensar la escuela: inclusión y discapacidad” presentó de forma segmentada las inquietudes de cada sector. En el caso de los directivos, estos manifestaron que la apuesta a la inclusión educativa tiene muchos aspectos positivos como el trabajo articulado entre la escuela común y la escuela especial en un marco de corresponsabilidad, la diversificación de contenidos y la posibilidad de pensar las instituciones en clave de derecho a través del asesoramiento, la formación y la difusión. En cuanto a los aspectos a mejorar, propusieron revisar tanto los criterios de acreditación y certificación de los trayectos de los alumnos, como la legislación vigente en la materia, con el objetivo de encontrar políticas educativas sostenibles a través del tiempo.
Por su parte, los docentes concluyeron que es necesario un mayor compromiso institucional para evitar que los profesores queden solos frente al trabajo y los desafíos que implican incluir un niño en el aula. Sugieren también que los cursos sean menos numerosos y que se intensifique la formación y la capacitación para el abordaje de los distintos tipos de discapacidad.
Los docentes de apoyo a la inclusión (DAI) remarcaron la importancia de atender a las necesidades reales y específicas de cada alumno a la hora de ser incluido. En este sentido también apuntaron a revisar las reglamentaciones vigentes, expresando que es preciso “pensar en el ‘sujeto derecho’ y ofrecer propuestas que favorezcan sus aprendizajes, su bienestar, sus deseos, sin imponer espacios que por resoluciones generales no llevan a un análisis de cada caso”.
Finalmente, los padres y familiares de los niños con discapacidad destacaron como cambios necesarios la capacitación de los docentes y una comunicación más fluida entre los distintos participantes del proceso de inclusión.
Participación y búsqueda de consensos
“Las propuestas de inclusión requieren el trazado de estrategias grupales y singulares, diseñadas de manera conjunta con equipos de salud, equipos docentes y familias, buscando la funcionalidad de aprendizaje y el desarrollo integral del estudiante”, concluye el informe elaborado por Giuggia de Stratta y Festa. Además, en el mismo sentido, resalta la necesidad de generar espacios de reflexión, toma de decisiones y búsqueda de consensos tanto en la escuela común como en la especial.
El trabajo también apunta a la promoción de modificaciones reales y concretas dentro de las instituciones, entre las que se consideran especialmente la accesibilidad de los espacios, la flexibilidad horaria, la cantidad de niños por grado, las formas de organización del aula y el trabajo en pareja de los docentes.
Otro punto destacado es el pedido a los colegios de profesionales involucrados en la problemática para que encuadren el perfil profesional del acompañante terapéutico con el fin de establecer sus roles y funciones, y los alcances de su tarea en la escuela.
Finalmente, el documento llama a trabajar de forma conjunta con los institutos de formación docente para propiciar cambios en los planes de estudio que permitan a los futuros profesores tener una mirada amplia e interpretativa respecto a la inclusión y su trabajo en el aula. (Fuente: AIRE).
