El pasado jueves 15 la Legislatura santafesina convirtió en Ley la Prisión Preventiva por el Uso Ilegal de armas de fuego en la comisión de un delito. La iniciativa contempla la modificación del Artículo 221 del Código Procesal de la provincia (Ley 12.734). De esta manera se procederá a la detención inmediata de la o las personas involucradas, disposición que no regía en la provincia de Santa Fe.
El diputado del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez, autor de la ley, celebró la aprobación del proyecto considerando que se trata de «un pasito más para revertir la situación de violencia que atraviesa la provincia».
«Esta aprobación viene a expresar la necesidad de tener leyes más duras con los delincuentes, en una provincia donde el 85% de los homicidios son cometidos con arma y donde el año pasado sufrimos 1.600 balaceras. Estos hechos tienen el objetivo de intimidar al barrio, a los vecinos, a las víctimas, y a los testigos para lograr impunidad. Estas leyes son necesarias para que no pase lo que ocurre hoy, donde la gente está enrejada y los delincuentes sueltos», expresó el diputado provincial.
El legislador también compartió su agradecimiento a la Asociación de Víctimas de Inseguridad por el acompañamiento en la creación de la ley.
Idas y vueltas
El proyecto de ley fue presentado primeramente en el 2020, la Cámara de Diputados lo aprobó en 2021 pero perdió estado parlamentario. Fue vuelto a presentar en 2022, nuevamente aprobado por la Cámara y, pese al pedido de que sea incorporado por el ejecutivo para que se debata en sesiones extraordinarias, no fue tratado.
«Después del hecho que significó amenazas para Lionel Messi en la Junta de Seguridad fue pedido, y recién pudo mandarse, en un ping pong con el senado de la Nación, hoy se convierte en ley», manifestó Martínez.
Ante la consulta de UNO Santa Fe acerca de a qué se debieron los idas y vueltas para el tratamiento del proyecto, el legislador consideró que «en la cámara de Diputados se trabajó muy bien», que «el Senado tuvo una mora que después se pudo sortear», pero criticó «la decisión del ejecutivo de no enviar el proyecto a extraordinarias».
«Venimos teniendo una tensión con el ejecutivo porque, salvo cuando son cuestiones económicamente importantes para el Estado, en materia de seguridad no hemos tenido el acompañamiento que la ciudadanía se merece. Aprovecho para hacer pública la ausencia de reglamentación de la ley de robo de cables, que es una ley que pretende ir contra chacaritas, desarmaderos y chatarrerías que son las que amparan esta modalidad delictual», puntualizó.
Paquete de medidas
Martínez señaló que la sanción de esta ley corresponde a un paquete de leyes que contempla la Ley de Víctimas, que ya ha sido reglamentada, y la Ley de Robo de Cables que aún no ha sido promovida por el ejecutivo.
«Esperemos que el gobernador de una vez por todas reglamente esta ley que impacta sobre el alumbrado público, que hacen más inseguras las ciudades y los pueblos, impactando sobre la conectividad y la energía eléctrica», dijo el diputado.
El legislador también pidió acompañamiento para otros dos proyectos de ley como son la prisión preventiva para quien viola una perimetral en casos de violencia de género, y la Ley de Delivery Seguro para que estos trabajadores tengan botones antipánico y GPS para que tengan monitoreo policial.
«Esta visión de que no hay que invertir los recursos necesarios para seguridad porque es mejor tener plata en el banco es un criterio que no compartimos. Vamos a seguir bregando e insistiendo», concluyó. (Fuente: UNO Santa Fe).
