Este sábado se reunió en Gálvez y en forma presencial, luego de casi dos años de realizarlo vía zoom por la pandemia, el directorio provincial del Colegio de Profesionales de Agrimensura de Santa Fe, el cual es presidido por el galvense Alberto Pestarini (zona norte)
En diálogo con la prensa, Pestarini, junto al vicepresidente Felipe Rodríguez (zona sur) informó que los temas de agenda es la presentación de las autoridades como nuevos integrantes del distrito sur y estamos tratando temas que incumben a la profesión y la relación con el servicio catastro de información territorial que me es donde volcamos toda nuestra actuación en planos de mensura, etc.».
Consultado Rodríguez sobre cómo fue el trabajo en época de pandemia, indicó; «nos basamos en las plataformas virtuales como todas las instituciones que debieron hacerlo en ese formato de reuniones , pero puntualmente en nuestro trabajo de contar con un sistema de presentación de expedientes, a través de la provincia, que está prácticamente digitalizado en su totalidad, salvo algunas presentaciones con municipios y comunas que estamos intentando llevar adelante y que hoy es uno de los temas que trataremos en la reunión sobre la firma digital y cómo nos acercarnos a estos organismos para llevarlo adelante».
«Por otro lado, fue complicada la tarea de campo, ya que el agrimensor para cumplir su tarea necesita ir al lugar a medir, teniendo que adaptarnos a la utilización y adaptación de protocolos para poder hacerlo, pero fueron situaciones que de a poco se pudieron realizar y veremos como nos adaptamos de ahora en más, y con respecto a tecnología hemos realizado una inversión importante entre ambos colegios (distrito sur y norte) como ser compra de equipos GPS posicionados de manera estratégica para poder cumplimentar lo normado por el estado, que es la georeferenciación de parcelas rurales, tarea fundamental de la agrimensura, pero también para poder llevar adelante distintos tipos de mediciones, utilizamos equipamientos topográficos particular, fundamentalmente drones», señaló Rodríguez.
El pasado día jueves la Legislatura santafesina abrió una excepción a la ley 9319 que impide la división de inmuebles rurales en fracciones inferiores a la unidad económica (* ver aparte) y sobre el tema, Pestarini indicó que «si bien estamos aguardando la promulgación por parte del Poder Ejecutivo y su promulgación, queremos decirles a los propietarios de inmuebles rurales que tengan condominio que se acerquen al agrimensor conocido porque se podrán hacer las divisiones de condominio en la provincia de Santa Fe».
(*) La Cámara de Diputados sancionó una ley que permitirá durante cinco años una excepcionalidad a la ley de unidad económica agraria, norma que data de 1983. Para ello se deberá tener en cuenta que a la fecha de promulgación de la norma, esos inmuebles rurales estén inscriptos en condominio, o se encontrare iniciado o se inicie el proceso sucesorio del que derive la adjudicación en condominio conforme a la Ley Nº 9319.
Con proyecto propio del radical Fabián Bastia y la firma de sus compañeros de bloque, la Cámara terminó aceptando el texto que sobre la materia había aprobado el pasado 10 de junio el Senado a instancias del también radical Orfilio Marcón (General Obligado). El bloque justicialista votó en rechazo a la norma mientras que Carlos Del Frade y Damaris Pachiotti (Frente Social y Popular – Ciudad Futuro) solicitaron la abstención. Los votos favorables y contrarios coincidieron en la necesidad de buscar una solución al problema que generan las herencias, pero discreparon sobre la forma en que debe encararse el intento de solución.
Una ley en los mismos términos, pero con solo dos años de vigencia (la 12.749), se dictó en octubre de 2007. Sobre los efectos de la división de tierra de esa etapa dio cuenta el justicialista Ricardo Olivera citando un trabajo de investigadores universitarios. Señaló que quedaron 494 parcelas de menos de 15 hectáreas, y 213 de entre 15 y 30 hectáreas.
La norma sancionada dispone al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología como autoridad de aplicación y le fija un plazo de noventa días para su reglamentación.
La ley 9.319 fue dictada en 1.983 con la intención de proteger la unidad económica agraria estableciendo una superficie mínima. «Hoy la ley ha quedado vetusta y ha tenido consecuencias desfavorables produciendo la concentración parcelaría», justificó Bastia la decisión de sancionar la excepcionalidad.
Para el radical , este régimen de indivisión forzosa generó más problemas que soluciones, planteos jurídicos, pérdidas de propiedad, abuso de especuladores y hasta remates judiciales. Mencionó que al 30 de junio último había inscriptos en la provincia 76.898 condóminos sobre 178.000 partidas rurales que tiene la provincia. «Hoy en pequeños pedazos de tierra se puede generar algún tipo de producción y no queremos que un heredero pierda el uso de la tierra. El sistema vigente ha beneficiado a fuertes, capitalistas, al vecino pudiente y al mayor poseedor de recursos financieros de cada región».
El justicialismo rechazó el proyecto. «Con los argumentos de Bastia, votamos en contra» dijo Leandro Busatto. «El proyecto deja a merced de quienes tienen poder económico quedarse con fracciones de tierra», afirmó. Con documentos del Colegio de Ingenieros Agrónomos expuso otros efectos que tuvo la ley anterior que autorizó la división en dos años. «La prórroga trajo consecuencias negativas, con lotes totalmente improductivos» añadió, y recordó que el bloque socialista (que votó favorablemente) se negó a prorrogar la norma en 2011.
«Se puede perseguir buenas intenciones, pero las experiencias demuestran que la fragmentación de la unidad económica trajo más éxodo y dificultades para sobrevivir a las pequeñas producciones» señaló Busatto.
«A través de los condominios se producen situaciones de injusticia para quienes se encuentran dentro de los mismos, por cuanto disminuye el valor de la propiedad y, también trae inconvenientes en cuanto a su utilización; llevando en consecuencia a la venta con un perjuicio económico generalmente para propietarios chicos, que son para los que se justifica una mayor atención de parte del Estado», subrayó Bastia.
«Coincidimos con el objetivo, pero la solución pasa por otro lado» reiteró Ricardo Olivera. Los justicialistas destacaron y defendieron el Decreto Reglamentario 3872/14 que incorporó el concepto de «Unidad Económica Discontinua».
Bastia concluyó que la ley «permite a los pequeños productores y sus familias, quienes se encuentran en una situación de condominio, que solucionen los inconvenientes que acarrea dicha situación y se dediquen a la explotación agraria quedando las tierras en las familias típicamente agrarias». (Datos de El Litoral).
